El Gobierno porteño no se quedó de brazos cruzados después de que el Ministerio de Educación, que conduce Soledad Acuña, se viera obligado a brindar información sobre la “Secundaria del Futuro”.
El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, y la asesora tutelar de prime-ra instancia, Mabel López Oliva, saca-ron a la luz un exhaustivo documento donde se analiza la información suministrada por el Ministerio de Educación sobre la reforma educativa. Según el expediente, la misma “no era veraz, completa, adecuada, ni dada en tiempo oportuno”. Moreno también se expresó en contra del protocolo antitomas, ya que “criminalizaba a los menores”.
El informe de Moreno y López Oliva molestó al Ejecuti-vo, que pese a inmiscuirse en otro poder, le dio la directiva a la titular del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, Yael Bendel, que responde al PRO, para que discipline al asesor tutelar de Cámara.
La acción llegó a través de la Resolución 75/2018, que lleva la firma de Bendel, y que decretó un nuevo “criterio general de actuación”, que establece que “todo caso de intervención conjunta de asesores tutelares deberá ser dispuesto en forma previa por la titular de la Asesoría General Tutelar”.
En diálogo con Qué, Gustavo Moreno dijo que, gracias a las medidas tomadas por Bendel, “no pue-do acompañar a los asesores de primera instancia en el inicio de una acción sin la autorización de la presidenta”. A Moreno le llama la atención que las medidas dispuestas por Bendel “surgen a partir de los pedidos al Ministerio de Educación de la Ciudad por la Reforma Educativa, y por el amparo sobre el protocolo que criminalizaba a los estudiantes que habían tomado los colegios”.
“Quizá el tema merece una crítica por la asesora general tutelar, aun cuando valore el tema de manera distinta”, resaltó Moreno, aunque agregó que se trata de un “exceso reglamen-tario que desvirtúa la misión del Ministerio Público Tutelar”. Pero el letrado no se quedó callado, y expresó su criterio disidente, de acuerdo al artículo 19 de la ley 1903, hacia la Asesora General Tutelar.
“Siento que es una crítica encubierta hacia mi actuación”, remarcó Moreno, conocido por ser uno de los pocos magistrados del Ministerio Público Tutelar porteño que han realizado amparos en contra del gobierno que dirige Horacio Rodríguez Larreta.
“Me han limitado en mis funciones”
“Me han limitado en mis funciones”, dijo Gustavo Moreno a Revista Qué, y explicó además que la jefa de todos los asesores tutelares, Yael Bendel, sostiene que ha habido algunas intervenciones a las que ella considera “llamativas” y “en virtud de eso no puedo acompañar ni a un asesor ni a una asesora de primera instancia en el inicio de una acción sin la autorización de la presidenta”.
“Lo único que puedo hacer es dejar a salvo mi opinión en contrario y mi criterio disidente, como ya se lo manifesté a Bendel en un oficio que le envié. Sin embargo, agregó que se siente disciplinado. “Me han convertido en un asesor de Cámara, y voy a estar limitado, como persona altamente profesional, solo para atender causas judiciales que lleguen a la Cámara y no poder acompañar a los asesores de primera instancia o atender a la gente y tratar de solucionar problemas”, cerró Gustavo Moreno.
Acuña no pasó la prueba
En su edición #175, Qué publicó una nota en la que detalla el documento que Gustavo Moreno presentó a la jueza Cecilia Molica Lourido, donde se analiza la información suministrada por el Poder Ejecutivo porteño sobre la reforma educativa. Luego de develar la información brindada por el Ministerio de Educación, el magistrado fue disciplinado por el Gobierno porteño.
Cabe recordar que uno de los temas que generaron polémica y disgusto en la comunidad educativa a mediados del año pasado, cuando Horacio Rodríguez Larreta anunció que se realizarían cambios en el sistema educativo, fue la implementación de prácticas profesionales obligatorias que llevó a que los estudiantes secundarios tomaran alrededor de 30 escuelas en contra de una medida que el Gobierno estimaba “necesaria”, y para exigir que se les brindara información al respecto. Moreno remarcó que “la ley 3.541 expresa que las prácticas educativas son voluntarias, y el Gobierno quiere que sean obligatorias, por lo cual es necesario que pase por la Legislatura, dado que una ley se modifica con otra ley, y no es atribución del Ejecutivo, sino de los representantes del pueblo en la Legislatura porteña”.
Entre otras falencias, el informe denota las contradicciones propias de la autoridad educativa con relación a la información suministrada, el sistema de evaluación, y la definición de la obligatoriedad de las prácticas educativas de los estudiantes que cursen el último año escolar. Asimismo, resalta la ausencia de un mecanismo de participación para el debate de la reforma por parte de los estudiantes.
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