CORONAVIRUS EN VILLAS
20/06
Dos revés judiciales para Larreta: deberá informar sobre conectividad y protocolo en villas
Los jueces de Cámara rechazaron la recusación del Juez Reynoso en la causa judicial sobre Protocolos y Villas.Además, el juez Gallardo otorgó un día para que acredite las medidas llevadas a cabo a efectos de dar cumplimiento con la medida cautelar que ordenó garantizar computadora y acceso libre y gratuito a internet a los estudiantes del GCBA.

Los jueces de Cámara rechazaron la recusación del Juez Darío Reynoso en la causa judicial sobre Protocolos y Villas. Como contó Revista Qué el gobierno porteño recusó al magistrado que había ordenado proveerle alimento a un menor del barrio Lamadrid –en La Boca-, cuya madre se encuentra aislada en un hotel por tener coronavirus. El gobierno de la Ciudad argumentó supuesta imparcialidad, a partir de un fallo judicial en el que se le ordenaba solucionar el problema de un menor de edad a la deriva ante el contagio de COVID-19 de su madre.

Sin embargo, los jueces de cámara sostuvieron que el planteo del gobierno porteño se dirige, básicamente, a criticar la medida adoptada por el Sr. magistrado de grado y, por tanto, no resulta idóneo para tener por configurada la causal de recusación invocada.

Días atrás, la Justicia porteña también le ordenó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que garantice la conexión a internet en las villas, asentamientos y barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el Juez Gallardo otorgó un día para que el Ejecutivo que responde a Larreta acredite las medidas llevadas a cabo a efectos de dar cumplimiento con la medida cautelar que ordenó garantizar computadora y acceso libre y gratuito a internet a los estudiantes de la Ciudad. El GCBA hasta el día de hoy no ha cumplido con la sentencia judicial.

Como contó Revista Qué a decisión la tomó el Juez Gallardo en base a una presentación que realizaron el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y el Frente Salvador Herrera.

El magistrado dispuso la suspensión precautoria de la vigencia del punto 3 del Anexo I de la Resolución N° 13/SSTES/20, en cuanto establece requisitos para la entrega de equipos informáticos (computadoras portátiles, notebooks o tablets) a alumnos y alumnas que asisten a establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la CABA.



Crónica sobre protocolo de acción en villas
Fueron los presidentes comunales peronistas de la 4 y 8 quienes presentaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, solicitando se informe de forma urgente sobre los protocolos correspondientes para afrontar la pandemia del COVID-19. La decisión de ir a la Justicia se concretó luego de reiterados pedidos de informes que se realizaron al Ejecutivo porteño y de reuniones que no se concretaron la ministra de Desarrollo Social María Migliore y con funcionarios porteños del Ministerio de Salud.

Tal como anticipó este medio, Larreta no cumplió en primera instancia con la orden judicial, la Justicia amplió la cautelar que obliga al gobierno de la Ciudad a garantizar elementos de higiene e informar sobre protocolos, a todos los barrios populares, asentamientos y villas del territorio porteño, en el marco del amparo presentado por los jefes comunales de la 4 (Ignacio Álvarez) y de la 8 Miguel Eviner, ambas comunas dirigidas por representantes del Frente de Todos.

Vencido todos los plazos, el gobierno porteño presentó un protocolo sanitario, es que si no lo hacía se iban a aplicar multas de 30 mil pesos y una denuncia penal por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario contra los responsables.

El protocolo, tiene 11 páginas y entre otros puntos diseña las condiciones de aislamiento, la seguridad alimentaria, los dispositivos de distancia social y el trabajo para los casos de violencia de género y con adultos mayores, entre otros temas. Ahora quedará bajo revisión de la justicia.

El juez sostuvo que “las circunstancias que se plantean en este proceso revisten importancia, gravedad y urgencia, en tanto se trata de la protección de los derechos y garantías de las personas que conforman un colectivo vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”.