CRECEN LOS LAMENTOS
Revista Qué
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El gobierno porteño viola la ley y avanza en la "urbanización" de la villa 31
Como contó Revista Qué, la secretaría de Integración Social y Urbana a cargo de Diego Fernánez impulsa un modelo de escritura que abre las puertas a desalojos ante el no pago de tres cuotas de las viviendas.
Desde la mesa de urbanización participativa de la villa 31 y 31 bis denunciaron que "la Secretaría de Integración Social y Urbana, busca aprobar un modelo de escritura que pone en riesgo nuestro arraigo y propone avanzar en las discusiones para formalizar servicios que aún no garantiza".
Como contó Revista Qué, el gobierno porteño sesionó sin la participación de los vecinos temas referidos a la urbanización del barrio, como el tipo de escrituras, la formalización de servicios públicos y la operatoria de canje voluntario de sus viviendas.
“Están jugando con el tema de la pandemia para que los vecinos no puedan participar de las reuniones; las discuten y aprueban ellos solos”, denuncian desde la Mesa de Urbanización Participativa Villa 31 -31 Bis que reclaman su participación que debería estar garantizada por ley.
Los vecinos proponen que se lleve a cabo una especie de Audiencia pública con sistema similar al que se lleva a cabo en la Legislatura porteña, que habilitó las audiencias online. "Como alternativa se puede aplicar el mismo protocolo que en las audiencias públicas de la legislatura. Las mismas se hacen vía zoom (internet)". En ese marco le recordaron al gobierno porteño la falta de conectividad en el barrio. "Para ello primero la Secretaría debe garantizar acceso gratuito a internet para todos los sectores de barrio. "Así todos los/as vecinos/as que se quieran conectar el día de la sesión, pueden hacerlo desde sus casas".Es que por ley todos los vecinos tienen la posibilidad de participar de las reuniones del Consejo de Gestión, pero “ahora no se dan las condiciones para cumplir ese requisito”, explica con criterio Silvana Olivera, vecina del barrio y miembro de la Mesa de Urbanización, según consignó TA. “Usan la pandemia para aprobar artículos que no pueden tener cabida en una escritura de vivienda social. Estas escrituras son una trampa, por ejemplo es la única escritura de todas las villas de la ciudad que le permite al gobierno vender las deudas hipotecarias a privados, así se lavan las manos y dejan librado el camino a los desalojos”.
Si bien las escrituras son para las viviendas nuevas, son el modelo que quedará para el total del macizo del barrio, explica la referente barrial. “Hoy vamos a denunciar públicamente que quieren avanzar a espaldas de los vecinos. Pero no sólo es esto –señala Olivera– sino que también buscan aprobar la formalización de servicios básicos, es decir, la regularización dominial”.
Sobre este punto explica que a cuatro años de iniciada la urbanización los servicios básicos (agua, cloacas y electricidad) no están garantizados: “Por la Ley 6129 la infraestructura de servicios, tanto la red de agua, las cloacas como el tendido eléctrico deberían estar terminados, pero no es así, como se vio durante la pandemia. De hecho gran parte de los contagios de coronavirus se deben a que manzanas completas estuvieron sin agua un mes y medio, y gracias a eso se contagió la mitad de la población, según los números del propio gobierno”.
Las viviendas nuevas a las que se pretende que se muden los vecinos, no tienen gas natural, todo funciona –o debería funcionar– a electricidad. Este reclamo de los vecinos no fue escuchado hasta el momento y los enfrentará a pagar facturas mucho más elevadas. El tendido eléctrico, sin embargo, no está terminado cuentan desde el propio barrio y no es adecuado para abastecer de electricidad a todas las viviendas.
La operatoria de canje voluntario, que les da a elegir a los vecinos que viven bajo la autopista a trasladarse a las nuevas construcciones, es otro de los puntos que debe tratarse, pero la ley de 2018 no está reglamentada.
En tanto, el gobierno porteño no puede explicar el avance en temas centrales de la urbanización y relocalización que deberían ser debatidos ampliamente por los vecinos, que en un contexto de aislamiento no pueden siquiera discutir que tres meses de mora en el pago de las cuotas los lleve directamente a una ejecución hipotecaria.
La estrategia del servicio de consultoría
En plena crisis económica y con falta de agua en los barrios populares de la Ciudad, Revista Qué sacó a la luz que la Secretaría de Integración Urbana porteña a cargo de Diego Fernández, que depende del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, le extendió el contrato millonario a una empresa amiga del gobierno, en dólares, para que le brinde un servicio de consultoría sobre la villa 31 por ocho meses.
El servicio de consultoría se enmarca en la “Evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista”, (según el anexo de la resolución N°47/SECISYU/19) que tuvo un costo inicial de casi un millón y medio de pesos ($1.481.488), sumado a casi dos millones de dólares (USD 1.199.653,03) por el lapso de 12 meses.
Pese al exorbitante monto que el gobierno porteño gastó sólo en el servicio de consultoría, con dinero que le prestó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -que se encarga de financiar el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana con la Ciudad, la Secretaría a cargo de Diego Fernández, le renovó el contrato a HYTSA Estudios y Proyectos S.A. por una suma de USD 857.599,90 por ocho meses.
Cabe mencionar que los negocios de HYTSA con el gobierno porteño vienen de larga data y han sumado cifras siderales, durante la gestión de Mauricio Macri, tanto en el gobierno de la Ciudad como en el nacional, mientras que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, continuó el legado de su mentor.
Según pudo averiguar este medio, el directorio de HYTSA, está a cargo de Marcela Inés Pimentel que figura como presidenta de la empresa, mientras que Víctor Javier Cantero como vicepresidente. Un dato de color es que Cantero fue parte de la dirigencia del club Independiente de Avellaneda. Ganó las elecciones a fines de 2011 con la promesa de terminar con los barra bravas, pero la crisis deportiva y económica lo acorralaron y tuvo que renunciar cuando faltaban ocho meses para la finalizar su gestión. En el medio, “el rojo” perdió la categoría por primera vez en su historia.
El encargado de urbanizar la Villa 31 posee títulos de deuda argentina y bonaerense
la única declaración jurada del funcionario del gobierno porteño desde que asumió en el cargo,en diciembre de 2015, donde se puede ver que adquirió una casa en Uruguay por casi 20 millones de pesos, una casa con amarra en el Tigre, un semirremolque, un yate, una moto BMW 1200GS y una camioneta Toyota SW4.
Además, en abril de 2017, Fernández adquirió cuotapartes en el fondo de inversión BlackRock por 1.057.883 pesos, que hoy valen 2.589.262, o sea, un 244% más. También cuenta con títulos de deuda República Argentina 6 y 7, Global Series 8, Provincia de Buenos Aires 7,por un total de 25.332.189 pesos de junio de 2019.
El hombre al que las organizaciones sociales apuntan por la falta de agua que todavía sufren sectores del Barrio Carlos Mugica diversifica sus inversiones también en acciones de empresas como Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobrás, Pdvsa, entre otras. Llega en ese rubro a más de 18 millones de pesos a valor de cotización de junio de 2019, siempre según su declaración jurada.
El 11 de abril de 2016, los Panamá Papers hicieron público que Diego Fernández, junto con los entonces ministros de educación de Nación y de Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tenía una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos.
Según el informe de Tiempo Argentino, quienes conocen a Fernández saben que es un sushiman, que es dueño de la cadena Dashi Sushi, pero también fue dueño de Pikkei, un restaurante de comida peruana-japonesa en Montevideo 1061. “No nos sorprendió para nada lo de la Villa 31”, respondió una de sus trabajadoras ante la mención de Diego Fernández.
Como contó Revista Qué, el gobierno porteño sesionó sin la participación de los vecinos temas referidos a la urbanización del barrio, como el tipo de escrituras, la formalización de servicios públicos y la operatoria de canje voluntario de sus viviendas.
“Están jugando con el tema de la pandemia para que los vecinos no puedan participar de las reuniones; las discuten y aprueban ellos solos”, denuncian desde la Mesa de Urbanización Participativa Villa 31 -31 Bis que reclaman su participación que debería estar garantizada por ley.
Los vecinos proponen que se lleve a cabo una especie de Audiencia pública con sistema similar al que se lleva a cabo en la Legislatura porteña, que habilitó las audiencias online. "Como alternativa se puede aplicar el mismo protocolo que en las audiencias públicas de la legislatura. Las mismas se hacen vía zoom (internet)". En ese marco le recordaron al gobierno porteño la falta de conectividad en el barrio. "Para ello primero la Secretaría debe garantizar acceso gratuito a internet para todos los sectores de barrio. "Así todos los/as vecinos/as que se quieran conectar el día de la sesión, pueden hacerlo desde sus casas".
Es que por ley todos los vecinos tienen la posibilidad de participar de las reuniones del Consejo de Gestión, pero “ahora no se dan las condiciones para cumplir ese requisito”, explica con criterio Silvana Olivera, vecina del barrio y miembro de la Mesa de Urbanización, según consignó TA. “Usan la pandemia para aprobar artículos que no pueden tener cabida en una escritura de vivienda social. Estas escrituras son una trampa, por ejemplo es la única escritura de todas las villas de la ciudad que le permite al gobierno vender las deudas hipotecarias a privados, así se lavan las manos y dejan librado el camino a los desalojos”.
Si bien las escrituras son para las viviendas nuevas, son el modelo que quedará para el total del macizo del barrio, explica la referente barrial. “Hoy vamos a denunciar públicamente que quieren avanzar a espaldas de los vecinos. Pero no sólo es esto –señala Olivera– sino que también buscan aprobar la formalización de servicios básicos, es decir, la regularización dominial”.
Sobre este punto explica que a cuatro años de iniciada la urbanización los servicios básicos (agua, cloacas y electricidad) no están garantizados: “Por la Ley 6129 la infraestructura de servicios, tanto la red de agua, las cloacas como el tendido eléctrico deberían estar terminados, pero no es así, como se vio durante la pandemia. De hecho gran parte de los contagios de coronavirus se deben a que manzanas completas estuvieron sin agua un mes y medio, y gracias a eso se contagió la mitad de la población, según los números del propio gobierno”.
Las viviendas nuevas a las que se pretende que se muden los vecinos, no tienen gas natural, todo funciona –o debería funcionar– a electricidad. Este reclamo de los vecinos no fue escuchado hasta el momento y los enfrentará a pagar facturas mucho más elevadas. El tendido eléctrico, sin embargo, no está terminado cuentan desde el propio barrio y no es adecuado para abastecer de electricidad a todas las viviendas.
La operatoria de canje voluntario, que les da a elegir a los vecinos que viven bajo la autopista a trasladarse a las nuevas construcciones, es otro de los puntos que debe tratarse, pero la ley de 2018 no está reglamentada.
En tanto, el gobierno porteño no puede explicar el avance en temas centrales de la urbanización y relocalización que deberían ser debatidos ampliamente por los vecinos, que en un contexto de aislamiento no pueden siquiera discutir que tres meses de mora en el pago de las cuotas los lleve directamente a una ejecución hipotecaria.
La estrategia del servicio de consultoría
En plena crisis económica y con falta de agua en los barrios populares de la Ciudad, Revista Qué sacó a la luz que la Secretaría de Integración Urbana porteña a cargo de Diego Fernández, que depende del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, le extendió el contrato millonario a una empresa amiga del gobierno, en dólares, para que le brinde un servicio de consultoría sobre la villa 31 por ocho meses.
El servicio de consultoría se enmarca en la “Evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista”, (según el anexo de la resolución N°47/SECISYU/19) que tuvo un costo inicial de casi un millón y medio de pesos ($1.481.488), sumado a casi dos millones de dólares (USD 1.199.653,03) por el lapso de 12 meses.
Pese al exorbitante monto que el gobierno porteño gastó sólo en el servicio de consultoría, con dinero que le prestó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -que se encarga de financiar el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana con la Ciudad, la Secretaría a cargo de Diego Fernández, le renovó el contrato a HYTSA Estudios y Proyectos S.A. por una suma de USD 857.599,90 por ocho meses.
Cabe mencionar que los negocios de HYTSA con el gobierno porteño vienen de larga data y han sumado cifras siderales, durante la gestión de Mauricio Macri, tanto en el gobierno de la Ciudad como en el nacional, mientras que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, continuó el legado de su mentor.
Según pudo averiguar este medio, el directorio de HYTSA, está a cargo de Marcela Inés Pimentel que figura como presidenta de la empresa, mientras que Víctor Javier Cantero como vicepresidente. Un dato de color es que Cantero fue parte de la dirigencia del club Independiente de Avellaneda. Ganó las elecciones a fines de 2011 con la promesa de terminar con los barra bravas, pero la crisis deportiva y económica lo acorralaron y tuvo que renunciar cuando faltaban ocho meses para la finalizar su gestión. En el medio, “el rojo” perdió la categoría por primera vez en su historia.
El encargado de urbanizar la Villa 31 posee títulos de deuda argentina y bonaerense
la única declaración jurada del funcionario del gobierno porteño desde que asumió en el cargo,en diciembre de 2015, donde se puede ver que adquirió una casa en Uruguay por casi 20 millones de pesos, una casa con amarra en el Tigre, un semirremolque, un yate, una moto BMW 1200GS y una camioneta Toyota SW4.
Además, en abril de 2017, Fernández adquirió cuotapartes en el fondo de inversión BlackRock por 1.057.883 pesos, que hoy valen 2.589.262, o sea, un 244% más. También cuenta con títulos de deuda República Argentina 6 y 7, Global Series 8, Provincia de Buenos Aires 7,por un total de 25.332.189 pesos de junio de 2019.
El hombre al que las organizaciones sociales apuntan por la falta de agua que todavía sufren sectores del Barrio Carlos Mugica diversifica sus inversiones también en acciones de empresas como Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobrás, Pdvsa, entre otras. Llega en ese rubro a más de 18 millones de pesos a valor de cotización de junio de 2019, siempre según su declaración jurada.
El 11 de abril de 2016, los Panamá Papers hicieron público que Diego Fernández, junto con los entonces ministros de educación de Nación y de Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tenía una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos.
Según el informe de Tiempo Argentino, quienes conocen a Fernández saben que es un sushiman, que es dueño de la cadena Dashi Sushi, pero también fue dueño de Pikkei, un restaurante de comida peruana-japonesa en Montevideo 1061. “No nos sorprendió para nada lo de la Villa 31”, respondió una de sus trabajadoras ante la mención de Diego Fernández.